• El gobernador Alejandro Armenta combate la falta de obra vial y mantenimiento, después de 20 años.

• PEMEX premia a la entidad con insumos, por combate al robo y recuperación de millones de litros de hidrocarburos.

PUEBLA, PUE.- Con el propósito de dignificar la vida de la población, recuperar los espacios públicos, garantizar la seguridad de las familias e impulsar la movilidad, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Infraestructura, rehabilita 33 vialidades principales en la capital poblana, equivalentes a 5 mil calles intervenidas.

Con los Módulos de Pavimentación y personal especializado de la Secretaría de Infraestructura, la administración estatal de Alejandro Armenta rehabilitó este año 13 vías de comunicación prioritarias y en la primera semana de enero iniciarán 20 más, lo que equivale a 135 kilómetros de cinta de rodamiento.

Además, el gobierno federal premió a la administración estatal por combatir el robo y lograr la recuperación histórica de hidrocarburos; a través de PEMEX la presidenta donó a Puebla 350 mil toneladas de AC-20 que es el cemento asfáltico, 330 litros de Diesel y 350 mil litros de Gasolina, insumos que fortalecieron la ejecución de las obras.

En este sentido, el secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos subrayó que la constante que se encontró en la capital poblana es el abandono y la falta de mantenimiento en vías de comunicación en la que incurrieron gobiernos pasados, ya que por lo menos en 20 años fueron omisos en atender sus responsabilidades, tanto en áreas urbanas como en las juntas auxiliares.

Las vialidades atendidas por el gobierno de Alejandro Armenta y entregadas a las y los poblanos son: Carretera San Francisco Totimehuacan, a la desviación a San Baltazar Tetela; laterales de la Recta a Cholula; Calzada Zavaleta, entre Bulevar Forjadores y bajo puente de la Recta a Cholula; Segunda etapa del Bulevar Valsequillo, entre Periférico Ecológico y Mercado local; Camino Real a Cholula, entre Calzada Zavaleta y Periférico Ecológico; Camino al Batán, entre calle Quetzalcóatl - Nezahualcóyotl y rotonda San Miguel; Carretera a San Baltazar Tetela, entre Bulevar Capitán Carlos Camacho Espíritu y Calle Hermanos Serdán; Calle 24 Sur, entre Avenida 35 Oriente y Periférico Ecológico; Calle 12 Oriente, entre Avenida 24 Norte y Calle Habana; Calle Independencia, entre calles Ricardo Flores Magón y 3 Sur; Bulevar Capitán Carlos Camacho Espíritu, entre la desviación a San Baltazar Tetela y Africam Safari; Ampliación de la Carretera Puebla a Tlaxcala, y la Prolongación  de la 11 Sur, entre el Puente del Río Atoyac y Calle Zapotitlán en San Andrés Azumiatla.

En seguimiento de la directriz de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el gobierno estatal trabaja para hacer de las vías de comunicación Senderos de Paz, con el fin de que las y los poblanos transiten en áreas dignas y seguras.

Puebla, Pue.- Con el objetivo de fortalecer la integridad institucional, el Gobierno de la CIudad a través de la Contraloría Municipal, llevó a cabo la capacitación en línea “Combate a la Corrupción – Conflicto de Intereses”, dirigida a 310 personas servidoras públicas de diversas Dependencias y Entidades de la administración municipal.

Durante la capacitación se abordaron conceptos fundamentales relacionados con la identificación, prevención y gestión del conflicto de interés en el ejercicio del servicio público, así como sus implicaciones éticas, administrativas y sociales. 

En su mensaje, Dulce Lilia Rivera Aranda, contralora municipal señaló que estas prácticas son la base para actuar con responsabilidad pública, ética y conciencia institucional. Enfatizó que la prevención debe asumirse como una convicción personal y colectiva, más allá del mero cumplimiento normativo.

Esta acción formativa se enmarca en la estrategia permanente de fortalecimiento del control interno, la cultura de la legalidad y la prevención de riesgos de corrupción, brindando herramientas para actuar conforme a la ley, garantizando decisiones públicas imparciales, transparentes y orientadas exclusivamente al interés general.

La sesión fue impartida por Adriana Ramírez Pérez, examinadora de Fraude Certificada, quien aportó una visión técnica y práctica sobre los principales riesgos asociados al conflicto de interés, así como herramientas para su detección oportuna, manejo adecuado y prevención, fortaleciendo así las capacidades institucionales de las y los servidores públicos participantes.

La Contraloría Municipal reconoció la participación y el compromiso de las personas asistentes, destacando que la capacitación continua es indispensable para dignificar el servicio público, fortalecer la toma de decisiones éticas y consolidar una cultura organizacional basada en la integridad, la legalidad y la responsabilidad.

Con este tipo de acciones, el Gobierno de la Ciudad, que encabeza el presidente municipal Pepe Chedraui, refrenda su compromiso por fortalecer la integridad y la rendición de cuentas como pilares de una administración moderna y responsable para la construcción de un gobierno honesto, transparente y cercano a la ciudadanía.

- El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, reconoció el trabajo del personal de la Fiscalía General del Estado.

- Su trabajo ha contribuido a la recuperación de hidrocarburos para lograr la pavimentación 5 mil calles en Puebla, aseguró el mandatario.

PUEBLA, Pue.- Fortalecer a la Fiscalía General, objetivo prioritario del Gobierno del Estado, para contribuir con la política de la Presidenta Sheinbaum en materia de seguridad y generar entornos de paz, afirmó el gobernador Alejandro Armenta.

El mandatario estatal reconoció al personal de la Fiscalía General, al señalar que han contribuido a la recuperación de hidrocarburos, lo que permitirá pavimentar 5 mil calles en la entidad. “Agradezco la labor que realizan en coordinación con la Defensa, la Guardia Nacional y la Marina”, expresó.

La Fiscalía es el ente del Estado poblano más profesionalizado del servicio público. Armenta refrendó el permanente respeto a su autonomía y remarcó la sensibilidad social de las y los integrantes, para atender a la población con cercanía y humanismo.

La población exige justicia en su sentido más amplio, por ello, el gobernador Alejandro Armenta, resaltó que su gobierno se guía bajo tres principios: justicia, seguridad y riqueza comunitaria, para que todos tengan las mismas oportunidades de salir adelante.

En su mensaje, la titular de la Fiscalía General del Estado, Idamis Pastor Betancourt, reconoció la cercanía y sensibilidad del gobernador Alejandro Armenta, y el respaldo brindado para consolidar la procuración de justicia. Destacó que el personal de la institución representa el rostro humano de la Fiscalía, al atender de manera directa a las y los poblanos.

Londres.- Una investigación periodística internacional ha revelado que una firma británica con sede en Londres estaría reclutando cientos de mercenarios colombianos para combatir en la guerra civil de Sudán junto a las controvertidas Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), un grupo paramilitar acusado de graves crímenes de guerra en la región de Darfur.

La investigación, publicada por The Guardian y replicada por otros medios, identifica a la empresa Zeuz Global como el eje de una red de reclutamiento y despliegue de exmilitares colombianos en el conflicto sudanés. La compañía, registrada inicialmente con otro nombre en la capital británica, ha sido vinculada a personas sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por su participación en estos envíos de combatientes al país africano. 

Red de reclutamiento y sanciones

De acuerdo con los reportes, Álvaro Andrés Quijano Becerra y Mateo Andrés Duque Botero figuran como dirigentes de Zeuz Global, que operó desde direcciones discretas en Londres antes y después de ser incluida recientemente en una lista de sanciones estadounidenses. Ambas figuras, de origen colombiano y vinculadas a la firma, habrían organizado el reclutamiento, entrenamiento y envío de combatientes hacia el teatro de guerra sudanés. 

La magnitud exacta del reclutamiento aún es objeto de investigación, pero estimaciones preliminares indican que cientos de exmilitares colombianos han pasado por este esquema, muchos de ellos con experiencia en conflictos extranjeros. La investigación también apunta a un papel tecnológico, particularmente en el entrenamiento en el uso de drones, que habría sido clave para las operaciones de las RSF en batallas como la de El Fasher, en Darfur —una ofensiva que ha dejado miles de muertos y múltiples denuncias de violaciones graves de derechos humanos. 

Implicaciones geopolíticas y legales

El caso ha generado alarma en varios sectores de la comunidad internacional. El uso de mercenarios extranjeros en conflictos armados está ampliamente regulado por leyes internacionales, y la presencia de compañías privadas que explotan lagunas legales en distintos países —incluido el Reino Unido— ha sido duramente criticada por expertos en seguridad y derechos humanos.

Organizaciones internacionales han señalado que las RSF están implicadas en graves abusos en Sudán, incluidos asesinatos masivos, violencia sexual y desplazamientos forzados, lo que convierte cualquier apoyo militar externo en un factor agravante de la crisis humanitaria.

Reacciones y debates

Aunque los gobiernos directamente involucrados aún no han emitido declaraciones formales sobre las implicaciones legales de estas actividades, la investigación ha reavivado el debate sobre la responsabilidad de los países que albergan empresas que facilitan el reclutamiento de mercenarios y sobre la necesidad de mecanismos más estrictos de control corporativo y de sanciones internacionales para frenar la exportación de violencia a través de intermediarios privados. 

Este caso pone de manifiesto cómo los conflictos contemporáneos han evolucionado más allá de los ejércitos regulares, incorporando actores no estatales y redes transnacionales que desafían los marcos jurídicos existentes y amplían los riesgos de prolongación y intensificación de conflictos como el de Sudán. 

-El estado cuenta con una riqueza forestal 1.5 millones de hectáreas, 46 por ciento de territorio estatal.

-CONAFOR reconoció el eficaz combate de incendios en la entidad y la reducción de hectáreas afectadas durante 2025.

AMOZOC, Pue.- “Desde el Gobierno de México queremos participar en todas las iniciativas que impulse la administración estatal, porque puede convertirse en un magnífico piloto de todo lo que queremos hacer a nivel nacional”, afirmó la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, al reconocer la coordinación permanente entre ambos niveles.

La secretaria federal reconoció la estrecha colaboración entre ambos gobiernos en la agenda ambiental y del Plan Hídrico de la presidenta Claudia Sheinbaum: “¿Qué más podemos pedir en la política humanista que encabeza nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, que contar en Puebla con un gobernador también humanista, ecologista y comprometido con el medio ambiente? Para mí, eso es un honor enorme”.

Por ello, con el objetivo de fortalecer 1.5 millones de hectáreas de vegetación forestal en Puebla, proteger y restaurar los recursos naturales, así como promover su uso sustentable y detonar programas productivos que impulsen el desarrollo regional, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno de México, Alicia Bárcena Ibarra, y el gobernador Alejandro Armenta, firmaron un convenio en materia forestal.

El director general de CONAFOR, Sergio Graf Montero, felicitó al Gobierno de Puebla por reducir a 13 mil las hectáreas afectadas por incendios forestales, frente a las casi 30 mil del año anterior, resultado de una excelente coordinación. Reconoció el interés y compromiso de la administración estatal con el sector forestal y destacó que el trabajo colaborativo conjunto con las dependencias ambientales permite enfrentar los retos de manera más efectiva.

En permanente coordinación con el gobierno federal que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, la administración estatal, durante su primer año de gestión, creó la Policía y la Guardia Forestal, quienes, en trabajo conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Marina (SEMAR) y la Guardia Nacional (GN) lograron un 64 por ciento menos de hectáreas afectadas, al combatir oportunamente 300 incendios.

El gobernador Alejandro Armenta reafirmó el compromiso del Gobierno de Puebla de invertir en el cuidado del medio ambiente a través de equipamiento de alta tecnología y más de 20 camionetas para reforzar a los elementos. Adelantó que el gobierno estatal está preparado para prevenir los incendios del próximo año, por lo que en enero se iniciarán los trabajos de caminos cortafuegos con Módulos de Maquinaria, para que no se expandan.

La secretaria de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, Rebeca Bañuelos Guadarrama, mencionó que el convenio refleja que cuando federación y estado caminan juntos, los resultados son para la gente y para la protección del patrimonio natural. Es una ruta de trabajo compartida para conservar, restaurar y proteger de manera sustentable los recursos naturales. "Hoy podemos afirmar que Puebla camina para convertirse en un referente nacional de la protección forestal. La restauración de los ecosistemas y la acción climática", afirmó la funcionaria estatal.

Originaria de la comunidad de San Pedro Tetitlán en San José Miahuatlán y representante de Mujeres Artesanas Forestales Ammea Amantoli, Anahí Montserrat Sánchez Martínez, expresó que gracias al Programa de Pago por Servicios Ambientales han logrado detonar un centro ecoturístico que fortaleció la economía local.

Finalmente, señaló que trabajan para diversificar los productos elaborados con palma y destacó el apoyo recibido por parte de CONAFOR para la construcción de un taller y la adquisición de materiales.

- El trabajo conjunto entre las entidades del centro del país tuvo como resultado la disminución del 20% en estos delitos.

CDMX.– A fin de impulsar estrategias que garanticen la seguridad y la disminución de los índices de robo de vehículo, así como enfrentar de manera firme la extorsión, el Gobierno del Estado de Puebla que encabeza Alejandro Armenta, reafirma su compromiso de mantener trabajo interestatal coordinado.

Durante la Reunión de Coordinación Interestatal contra el Robo de Vehículos, encabezada por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, se informó que derivado del trabajo en conjunto entre los estados, en el presente año, estos delitos disminuyeron un 20 por ciento.

En la mesa de trabajo estuvieron presentes las gobernadoras de Morelos, Margarita González Saravia; del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez; de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda; así como representantes de los estados Hidalgo, Querétaro y Tlaxcala. También participaron autoridades y altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de la Marina (Semar), Guardia Nacional (GN), y titulares de las Fiscalías estatales.

En sintonía con la Estrategia  Nacional de  Seguridad del gobierno federal de la presidenta Claudia Sheinbaum, durante el encuentro se analizaron acciones conjuntas e intercambiaron información clave para mejorar la respuesta inmediata ante el robo de automóviles, además se propuso crear un gran pacto metropolitano para combatir el delito de extorsión, en favor de la paz y seguridad de la región.

El gobernador Alejandro Armenta estuvo acompañado por el comandante de la XXV Zona Militar, general Francisco Antonio Enríquez Rojas; el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala; el titular de Seguridad Pública del Estado, vicealmirante Francisco Sánchez González y la Fiscal General del Estado, Idamis Pastor Betancourt.

Quito.- Perú y Ecuador dieron un paso significativo en la lucha contra el crimen organizado transnacional al suscribir una serie de compromisos bilaterales durante el XVI Gabinete Binacional celebrado este viernes en Quito, Ecuador. La reunión fue encabezada por el presidente de Perú, José Jerí, y su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, quienes destacaron la necesidad de intensificar la cooperación entre ambos países frente a amenazas compartidas como el narcotráfico, el tráfico ilícito de armas y la minería ilegal. 

El encuentro, realizado en el Palacio de Carondelet, resultó en la firma de la Declaración de Quito y la adopción del Plan de Acción Quito 2025, instrumentos que establecerán la hoja de ruta de colaboración para el periodo 2025–2026. Asimismo, se reafirmó el compromiso de emplear tecnología avanzada para fortalecer la seguridad en la frontera común sin disminuir la presencia de fuerzas del orden. 

Durante las jornadas de trabajo, los ministros de Defensa e Interior de ambos países coincidieron en la urgencia de articular operaciones conjuntas y compartir información estratégica para anticipar y neutralizar las acciones de grupos delictivos que operan en la región fronteriza. 

Según autoridades presentes, el acuerdo responde a una preocupante escalada de violencia y actividades ilícitas que afectan la seguridad y la estabilidad social de las comunidades a ambos lados de la frontera, lo que subraya la importancia de una respuesta conjunta y coordinada entre Lima y Quito. 

Este fortalecimiento de la cooperación se inscribe en un contexto más amplio de relaciones bilaterales que, desde la firma de la paz hace casi tres décadas, han evolucionado para enfrentar desafíos comunes en materia de seguridad, desarrollo y bienestar fronterizo. 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que Tailandia y Camboya alcanzaron un acuerdo para poner fin a los combates registrados recientemente en zonas fronterizas, tras gestiones diplomáticas orientadas a reducir la tensión y evitar una escalada del conflicto en el sudeste asiático.

De acuerdo con Trump, el entendimiento contempla un cese de hostilidades y el compromiso de ambas partes de recurrir al diálogo como vía para resolver sus diferencias. El mandatario estadounidense destacó que las conversaciones permitieron avanzar hacia una solución pacífica y subrayó la importancia de mantener la estabilidad regional.

Los enfrentamientos entre Tailandia y Camboya se produjeron en áreas limítrofes históricamente sensibles, donde existen disputas territoriales de larga data. Los incidentes recientes generaron preocupación por el impacto en las comunidades civiles cercanas a la frontera y por el riesgo de una confrontación mayor.

Según lo señalado por Trump, el acuerdo representa un paso relevante para desescalar la tensión militar y sentar las bases de una cooperación más estrecha entre ambos países. También remarcó la disposición de Estados Unidos para respaldar iniciativas diplomáticas que contribuyan a la paz y la seguridad internacionales.

Aunque las autoridades de Tailandia y Camboya no han detallado aún los términos completos del acuerdo, el anuncio fue recibido como una señal positiva por observadores regionales, que consideran que el entendimiento puede abrir la puerta a nuevas negociaciones sobre los temas de fondo del conflicto fronterizo.

- Se aprobaron 11 acuerdos, entre los que destaca la homologación de la Ley General contra la Extorsión a nivel estatal para combatir este delito
     
- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reportó la detención de más de 38 mil 700 personas por delitos de alto impacto en los primeros 14 meses de gobierno
     
Ciudad de México.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó que el objetivo de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Extorsión y su homologación en las 32 entidades federativas es reducir y erradicar coordinadamente este delito y con ello avanzar en la Estrategia Nacional de Seguridad.

“Juntos hemos reducido en 37 por ciento los homicidios dolosos y juntos hemos reducido el robo de vehículo con violencia, el robo (a casa) habitación con violencia, que son delitos que afectan mucho a la ciudadanía, y creo que trabajando juntos, el próximo año, a finales del próximo año, cuando nos veamos en esta sesión ordinaria, podemos decir que juntos hemos bajado de manera importante este delito de la extorsión“, agregó en la 52 sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública y 8.ª Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Protección Civil.

Añadió que anteriormente la extorsión dependía de la denuncia ciudadana, por lo que la Ley General persigue de oficio este delito y la responsabilidad ya no recae en la víctima. Además, señaló que el registro telefónico ayudará a que el teléfono celular no sea utilizado como una vía para la extorsión. 

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, resaltó que en estos primeros 14 meses de gobierno se logró la reducción de 37 por ciento en los homicidios dolosos; la detención de más de 38 mil 700 personas por delitos de alto impacto, más de 20 mil armas y más de 311 toneladas de droga asegurada, el desmantelamiento de mil 700 laboratorios de metanfetaminas. En el combate a la extorsión, destacó la detención de más de 600 personas vinculadas con este delito en 22 entidades del país.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, reconoció que, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, se han articulado los esfuerzos de 53 dependencias federales y de los tres órdenes de gobierno para trabajar en las zonas de mayor incidencia delictiva con programas de Atención a las causas para prevenir violencia y adicciones, mediante Jornadas de Paz, Ferias de Paz y la instalación de módulos de Sí al Desarme, Sí a la Paz, que en sus módulos han recibido 8 mil 700 armas de fuego.

La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, reconoció que la Estrategia Nacional de Seguridad requiere de la coordinación permanente con las Fiscalías de todos los estados y anunció que asume el compromiso para fortalecer la coordinación con el Gabinete federal, a través de un plan de seis ejes: coordinación, fortalecimiento de las Fiscalías estatales, nuevo modelo de investigación e inteligencia, reestructuración interna, modernización de la Agencia Criminal y reorientación de recursos para la atención de delitos de alto impacto.

La secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, informó que se aprobaron con 39 votos a favor en unanimidad los 11 acuerdos para fortalecer la Estrategia Nacional de Seguridad: entre ellos, el 01/LII/25 en el que el Consejo Nacional de Seguridad Pública instruye a las y los gobernadores a presentar ante sus Congresos locales las iniciativas de reforma legislativa para armonizar sus marcos jurídicos con la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Extorsión e informar al Secretariado a más tardar el último día hábil de enero de 2026. En tanto que a la Fiscalía General de la República se le instruye emitir un manual de operación de las fiscalías o unidades especializadas para la recepción de denuncias, investigación y persecución del delito de extorsión a más tardar el último día hábil de febrero de 2026.

La gobernadora y los gobernadores de Aguascalientes, María Teresa Jiménez; de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas; y de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, reconocieron los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad, los cuales se han visto reflejados en cada una de las entidades federativas y agradecieron el apoyo del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México; mientras que el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, celebró este acuerdo para homologar en los estados el marco normativo para combatir la extorsión.

La coordinadora general de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, presentó un informe de lo realizado en 2025 y destacó las acciones realizadas para atender la emergencia por lluvias en Puebla, Veracruz, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí, así como los dos simulacros nacionales en los que se puso a prueba en todo el país el sistema de alertamiento vía celular. 

La diputada Delfina Pozos Vergara presentó una iniciativa para fortalecer la protección de mujeres, adolescentes y niñas, así como para cerrar vacíos legales en materia de feminicidio, mediante una reforma al Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla.

En su propuesta, armoniza la legislación estatal con las recientes reformas al Código Penal Federal e incorpora medidas urgentes frente al incremento de la violencia feminicida que enfrentan el país y la entidad. 

Cabe resaltar que la iniciativa propone aumentar las penas de 50 a 70 años de prisión cuando la persona responsable del feminicidio sea servidor público y abuse de su poder.

Por último, la legisladora del PRI señaló que las reformas buscan enfrentar la violencia extrema contra las mujeres desde una perspectiva integral, reconociendo que la explotación y la desigualdad estructural siguen siendo factores que ponen en riesgo sus vidas. Asimismo, destacó que la propuesta pretende prevenir, sancionar y erradicar conductas violentas, además de garantizar justicia y reparación a las víctimas indirectas.