Ciudad de Guatemala.— El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, decretó un estado de sitio nacional por 30 días luego de que una ola de violencia atribuida a pandillas criminales dejara ocho policías muertos y provocara motines simultáneos en varias cárceles del país. 

La medida —que debe ser ratificada por el Congreso— faculta al gobierno a suspender ciertas garantías constitucionales, como la libre reunión y manifestación, y permite detener e interrogar a sospechosos sin orden judicial en un intento por restablecer el orden y combatir la criminalidad organizada. 

Escalada de violencia y motines carcelarios

Los hechos se desencadenaron tras motines en tres cárceles del país, durante los cuales pandilleros tomaron decenas de custodios como rehenes para exigir el traslado de sus líderes a prisiones con menor seguridad. Las autoridades lograron recuperar el control de las prisiones, incluida la de máxima seguridad ‘Renovación I’ en Escuintla, donde varios guardias fueron liberados. 

Posteriormente, grupos vinculados a las pandillas atacaron a policías en distintos puntos de la capital y sus alrededores, dejando como saldo —de acuerdo con las autoridades— ocho agentes asesinados y al menos diez heridos. Un presunto pandillero también murió en los enfrentamientos. 

Las pandillas señaladas por las autoridades como responsables incluyen Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13), organizaciones que Guatemala y Estados Unidos han catalogado como terroristas debido a su implicación en sicariato, extorsión y tráfico de drogas. 

Medidas del gobierno y impacto social

A través de una cadena nacional, Arévalo explicó que el estado de sitio busca “garantizar la protección y seguridad de los ciudadanos” frente a una de las crisis de seguridad más graves del país en lo que va de 2026. Además de las restricciones a las libertades civiles, se ha desplegado a la policía y al ejército en zonas críticas, y se suspendieron las clases en todo el país como medida preventiva.

El ministerio de Educación indicó que la suspensión de actividades escolares responde a la necesidad de proteger a estudiantes ante la creciente violencia, mientras que la embajada de Estados Unidos en Guatemala recomendó a su personal minimizar movimientos y evitar aglomeraciones. 

Reacciones y contexto

La declaración de estado de sitio ha generado preocupación entre sectores de la sociedad, que temen que la suspensión de derechos pueda afectar a civiles inocentes y desembocar en abusos por parte de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, el gobierno mantiene que la medida responde a una amenaza directa al orden público por parte de estructuras criminales organizadas. 

La crisis llega en un contexto en el que las pandillas han aumentado su capacidad de operar tanto dentro como fuera de los penales, reflejando la persistente batalla que enfrenta Guatemala contra el crimen organizado en Centroamérica. 

Veracruz.- Un periodista especializado en nota roja fue asesinado a tiros este jueves por la noche en el estado de Veracruz, en el este de México, marcando el primer homicidio de un comunicador del año en un país considerado uno de los más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. 

El comunicador fue identificado por medios locales como Carlos Castro, de aproximadamente 26 años, director y propietario del medio digital Código Norte Veracruz, que cubría temas policiacos y de seguridad. 

El ataque

El ataque ocurrió la noche del 8 de enero alrededor de las 20:00 horas, cuando Castro se encontraba dentro de un restaurante conocido como TrogueBirria, ubicado sobre la avenida 20 de Noviembre en la ciudad de Poza Rica. Sujetos armados irrumpieron en el establecimiento y le dispararon en varias ocasiones. 

Elementos de diversas corporaciones de seguridad –incluida la policía estatal y la Guardia Nacional– llegaron al lugar para acordonar la escena y comenzar un operativo de búsqueda, aunque hasta ahora no hay reportes de detenciones relacionadas con el homicidio. 

Perfil de la víctima

Carlos Castro se desempeñaba como reportero de nota roja y era dueño de Código Norte Veracruz, un medio local digital enfocado en crónica policiaca. Recientemente había regresado a Poza Rica tras pasar un tiempo fuera del estado debido a amenazas previas y había recibido medidas de protección por parte de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP). 

Contexto de violencia contra periodistas

Veracruz ha sido históricamente una de las regiones más peligrosas para la prensa en México, un país donde el periodismo —especialmente el que cubre temas de crimen organizado y seguridad— se ha visto golpeado por amenazas, agresiones y asesinatos. Entre 2005 y 2024, se registraron al menos 31 asesinatos y cuatro desapariciones de periodistas en esta entidad, según cifras oficiales. 

Organizaciones internacionales de defensa de la libertad de prensa, como Reporteros Sin Fronteras y el Committee to Protect Journalists, han documentado que México se ubica entre los países con mayor número de periodistas asesinados y con altos niveles de impunidad para estos crímenes. 

Reacción oficial

La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) condenó el asesinato y exigió una investigación exhaustiva para esclarecer el caso. Autoridades de la Fiscalía General del Estado de Veracruz también anunciaron la apertura de una carpeta de investigación para dar con los responsables y determinar posibles vínculos con la labor periodística de la víctima. 

Este asesinato se suma a una larga lista de periodistas asesinados en México, y pone nuevamente en evidencia los riesgos que enfrentan los comunicadores en zonas con presencia de crimen organizado y violencia generalizada.

- Solo en 2024, ocurrieron al menos 3828 feminicidios en la región. La mayoría de las muertes violentas de mujeres son perpetradas por las parejas o exparejas de las víctimas. 

un.org.- En los últimos cinco años, al menos 19.254 fueron víctimas de feminicidio en América Latina y el Caribe, lo que supone 11 muertes violentas cada día.

Así lo revelan los datos del Observatorio de Igualdad regional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Solo en 2024, ocurrieron al menos 3828 feminicidios.

La mayoría de las muertes violentas de mujeres son perpetradas por las parejas o exparejas de las víctimas.


Más de 5000 feminicidios frustrados

La CEPAL subrayó que no es posible hacer comparaciones regionales debido a que cada año un número distinto de países reporta información oficial.

No obstante, según el organismo, el seguimiento en el tiempo de los datos nacionales muestra con claridad que “la violencia feminicida persiste en la región y afecta a la vida de miles de mujeres y niñas, impacta a las comunidades y limita el desarrollo, la igualdad y la paz en los países”.

Además, indicó que el año pasado se documentaron 5502 feminicidios frustrados, lo que confirma la importancia de fortalecer los sistemas de alerta, la valoración del riesgo de sufrir violencia letal y la respuesta institucional para prevenir todas las formas de violencia feminicida.

También subrayó la importancia de fortalecer el acceso a la justicia y mejorar las respuestas institucionales.

Los datos han sido publicados en vísperas del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en el marco de la Campaña ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres, que este año se centra en combatir la violencia en línea.


Más de 80.000 mujeres y niñas fueron asesinadas en el mundo

A nivel global, la cifra de mujeres y niñas asesinadas en 2024 asciende a 83.000, según los datos publicados este lunes por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y ONU Mujeres.

De esas víctimas, el 60%, 50.000 mujeres y niñas, fueron asesinadas a manos de parejas íntimas o miembros de la familia, lo que supone 137 personas cada día.

Las agencias subrayaron que, a pesar de los compromisos globales, no ha habido cambios respecto al año anterior.

“Los feminicidios no ocurren de manera aislada. A menudo se sitúan en un continuo de violencia que puede comenzar con conductas controladoras, amenazas y acoso, incluso en línea”, dijo la directora de la División de Políticas de ONU Mujeres, Sarah Hendriks.

“Cada mujer y cada niña tiene el derecho a estar segura en cada parte de su vida, y eso requiere sistemas que intervengan temprano. Para prevenir estos asesinatos, necesitamos la implementación de leyes que reconozcan cómo se manifiesta la violencia a lo largo de la vida de las mujeres y las niñas, tanto en línea como fuera de ella, y que hagan rendir cuentas a los perpetradores mucho antes de que se vuelva mortal”, aseveró la directora.

Las mujeres y niñas están sometidas a esta forma extrema de violencia en todas las regiones del mundo, señalaron las agencias.

La segunda tasa más alta de feminicidio por parte de una pareja íntima o miembro de la familia fue en el continente americano, solo superado por la tasa de África.

Las agencias advirtieron que la cantidad de datos proporcionada por los países sigue siendo limitada y que mejorar la disponibilidad de datos es vital para evaluar la magnitud y las consecuencias de los feminicidios, apoyar respuestas efectivas y buscar justicia.

Zongolica, Veracruz. — El exalcalde de Zongolica y exdirigente estatal del PRD, Juan Carlos Mezhua Campos, fue asesinado la tarde del domingo 23 de noviembre de 2025 en la comunidad de Piedras Blancas, confirmaron autoridades de la Fiscalía General del Estado de Veracruz.

De acuerdo con los primeros reportes, Mezhua fue atacado a balazos en la entrada de una calera de su propiedad. La Fiscalía Especializada en Asuntos Indígenas y de Derechos Humanos quedó a cargo de la investigación, dada la trayectoria política y comunitaria del exfuncionario.

Trayectoria política

- Mezhua fue presidente municipal de Zongolica entre 2018 y 2021, tras ganar las elecciones con la coalición PAN–PRD.
- Se desempeñó como dirigente estatal del PRD en Veracruz.
- En los últimos meses impulsaba la creación de un partido político independiente, con miras a participar en la política estatal.
- En procesos anteriores había manifestado aspiraciones a la gubernatura de Veracruz.

Reacciones

El asesinato ocurrió el mismo día de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Veracruz, lo que amplificó la atención mediática. Diversos sectores políticos y sociales condenaron el crimen y exigieron que no quede impune, señalando la violencia que enfrentan líderes comunitarios e indígenas en la región.

Estado de la investigación

La FGE informó que se realizan diligencias ministeriales y periciales para identificar a los responsables. Hasta el momento no se han reportado detenciones.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) informó la captura de siete policías municipales que integraban el cuerpo de seguridad del alcalde independiente de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, asesinado durante el Festival de las Velas el pasado 1 de noviembre.

- El operativo se realizó este viernes 21 de noviembre, alrededor del mediodía, en la Casa de la Cultura de Uruapan, donde el alcalde despachaba.
- Participaron elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Secretaría de Marina y la SSPC, quienes ingresaron al recinto y retiraron esposados a los escoltas.
- Los detenidos fueron trasladados al Centro Penitenciario “Lic. David Franco Rodríguez” y puestos a disposición de un juez de control.

Contexto del asesinato

Carlos Manzo fue atacado por sicarios frente a cientos de asistentes durante el festival cultural. Las investigaciones apuntan a que el crimen fue ordenado por Ramón Ángel Álvarez, alias “El R1”, líder de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que opera en varios municipios de Michoacán.

Además, se señala a Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, como uno de los operadores que presionó a jóvenes sicarios para ejecutar el ataque.

Cargos contra los escoltas

De acuerdo con la FGE, los escoltas enfrentan acusaciones por homicidio calificado en comisión por omisión, al no haber protegido al alcalde pese a ser responsables de su seguridad.

Relevancia del caso

- La detención marca un giro en las investigaciones, pues involucra directamente a miembros de la seguridad oficial del alcalde.
- Refleja la penetración del crimen organizado en cuerpos municipales de seguridad.
- El caso ha generado fuerte impacto en Uruapan, donde la violencia ligada al CJNG ha escalado en los últimos meses.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal contra Ryan James Wedding, exatleta olímpico canadiense, por presuntamente liderar una red internacional de narcotráfico con vínculos operativos al Cártel de Sinaloa. Wedding, quien compitió en snowboard en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002, enfrenta cargos por tráfico de drogas, lavado de dinero y asesinato.

Acusaciones clave

•     Tráfico de cocaína, fentanilo, heroína y metanfetaminas entre Colombia, México, EE. UU. y Canadá.
•     Lavado de dinero a través de empresas inmobiliarias y gimnasios en Norteamérica.
•     Presunta autoría intelectual del asesinato de un testigo protegido y su esposa en Colombia.

Perfil del acusado

•     Wedding, de 44 años, fue parte del equipo olímpico canadiense en Salt Lake City 2002.
•     Tras su retiro deportivo, se dedicó al culturismo y bienes raíces, aunque según autoridades, su principal actividad era el narcotráfico.
•     Figura en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI, con una recompensa de 10 millones de dólares por información que lleve a su captura.

Operación transnacional

•     Las autoridades creen que Wedding reside actualmente en México, protegido por estructuras criminales.
•     La fiscal general de EE. UU., Pam Bondi, calificó a Wedding como “líder de una organización criminal transnacional” y afirmó que su captura es prioridad.

En conferencia de prensa conjunta con el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, anunció la detención de Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, señalado como uno de los autores intelectuales del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el pasado 1 de noviembre.

Investigación y captura

•     La detención se realizó el 18 de noviembre en Morelia, como parte de un operativo del Gabinete de Seguridad federal.
•     “El Licenciado” fue identificado como líder de una célula delictiva afín al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
•     García Harfuch destacó que mensajes recuperados en dispositivos móviles fueron clave para reconstruir la planeación del crimen, incluyendo vigilancia, movimientos y ejecución.

Implicados y contexto

•     Otros implicados en el caso fueron Fernando Josué “N” y Manuel “N”, hallados sin vida días después del asesinato.
•     El escolta de Manzo también está bajo investigación, luego de que se revelara que abatió al presunto agresor cuando ya estaba sometido, lo que ha generado cuestionamientos sobre el uso de la fuerza.

Relevancia del caso

El asesinato de Carlos Manzo conmocionó a Michoacán y al país por tratarse de un funcionario que había denunciado públicamente la violencia del crimen organizado. La detención de “El Licenciado” representa un avance en la lucha contra la impunidad en crímenes políticos.

- El presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, fue asesinado la noche del sábado 1 de noviembre durante un evento público en el centro de la ciudad. El ataque dejó un agresor abatido y dos detenidos.


Atentado durante el Festival de las Velas

La tragedia ocurrió en pleno centro histórico de Uruapan, Michoacán, mientras se celebraba el tradicional Festival de las Velas, parte de las festividades del Día de Muertos. Carlos Manzo Rodríguez, presidente municipal, se encontraba realizando un recorrido oficial cuando fue atacado a balazos por un grupo armado.


Detalles del ataque

- El atentado se registró alrededor de las 8:00 p.m., mientras el alcalde se tomaba fotos con ciudadanos en la plaza principal.
- Recibió dos impactos de bala en el abdomen y uno en el brazo. Fue trasladado de emergencia a un hospital, donde falleció poco después.
- Elementos de seguridad que lo acompañaban repelieron la agresión, logrando abatir a uno de los atacantes y detener a dos más, quienes ya están bajo custodia.


Reacción oficial y operativo de seguridad

- El Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, condenó el atentado y confirmó el fallecimiento del edil a través de redes sociales.
- El Gabinete de Seguridad aseguró que el crimen no quedará impune y desplegó un operativo especial en Uruapan para preservar el orden y proteger a la población.


¿Quién era Carlos Manzo? 

Carlos Manzo Rodríguez era un político local que había ganado notoriedad por su cercanía con la ciudadanía y su participación activa en eventos culturales. Su asesinato ha generado conmoción en Michoacán y reavivado el debate sobre la violencia contra autoridades municipales en el país.

Apatzingán, Michoacán.— El lunes 20 de octubre fue localizado sin vida Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán y de la Asociación Nacional de Citricultores en México. Su cuerpo presentaba huellas de violencia y fue hallado dentro de una camioneta sobre la carretera Apatzingán–Presa del Rosario, a la altura de La Tinaja.

Bravo era una figura clave en la defensa del sector limonero, conocido por denunciar públicamente extorsiones de grupos criminales y exigir condiciones de seguridad para productores y jornaleros. En semanas recientes, había encabezado movilizaciones regionales y llamado a autoridades de los tres niveles de gobierno para frenar la violencia y estabilizar los precios del limón.

Según la Fiscalía General del Estado, Bravo contaba con escoltas y vehículo blindado asignado, pero al momento del hallazgo se encontraba en un vehículo particular. Las investigaciones continúan para esclarecer el crimen.

Su último mensaje en redes sociales, grabado desde su automóvil, reiteraba el rechazo a la imposición de precios por parte de intermediarios y llamaba a la unidad del gremio limonero.

Columna | P U L S O    P O L I T I C O

              La presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, Vianey García Romero, anunció que presentará una propuesta para sancionar a los funcionarios que cometieron actos de violencia política de género y evitar que compitan por cargos de elección popular.

              Si esa propuesta se aprueba, que es casi seguro, pues el horno no está para bollos, podría poner fin a las carreras políticas de dos diputados, que cuando se iniciaron en el servicio público, parecían destinados a triunfar en esa actividad, por mostrarse sencillos, entusiastas, accesibles para la gente.

             Se trata de los diputados José Juan Espinosa, el JJ y de Héctor Alonso Granados, que han recorrido partidos y siempre habían caído bien parados y tienen una buena trayectoria como legisladores. Pero su arribo al Congreso por Morena, el partido de Andrés Manuel López Obrador, los desubicó.

             Se llenaron de soberbia, creyendo tal vez, que la elevada votación que obtuvo ese partido era debido a su presencia, es decir, que la votación de miles de votos obtenida por los candidatos morenistas, era por méritos propios y la realidad es que fue el candidato presidencial el que con su enorme popularidad arrastró a muchos candidatos a diputados, senadores y presidentes municipales, llevándolos al triunfo, incluso a verdaderos desconocidos sin oficio político.

             Ya como diputados, empezaron a actuar como si los demás diputados y diputadas de Morena, fueran  sus discípulos y ellos pudieran llamarles la atención incluso en forma descomedida.

             Esa actitud, fue especialmente resentida por las mujeres, que protestaron airadamente por el trato que les daba y que acabaron degradándolos hasta convertirlos en diputados del montón.

             La propuesta de la diputada García Romero, según dijo ella, no tiene como objetivo la venganza. En ningún momento se pensó en perjudicarlos, simplemente que como están las cosas se tienen que adoptar medidas contra los discriminadores de las mujeres en todos los ámbitos y el medio político, donde la mujer siempre fue ignorada, adoptar medidas que castiguen a los discriminadores, son sumamente necesarias.

              Al hacer uso de la palabra durante la inauguración de la III sesión  de la elaboración de guías judiciales en conducción de audiencias, el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, reafirmó su respeto a la división de poderes en el estado, al decir, ante el Presidente del Tribunal Superior del Estado, Héctor Sánchez Sánchez y ante el presidente del Consejo de la Judicatura Federal, Carlos Antonio Alpizar, que en el nuevo Sistema Penal Acusatorio, para aplicar la Ley Penal y sancionar a responsables con estricto respeto a los Derechos Humanos, no así para proteger a delincuentes, el Poder Judicial del Estado, cuenta con toda libertad, sin ninguna cortapisa por pare del Poder Ejecutivo a su cargo, para actuar conforme a la ley. Afirmó que el nuevo sistema penal acusatorio, se empezará a aplicar en las 32 regiones de administración de justicia del estado.  El Poder Ejecutivo que el propio gobernador encabeza, siempre será respetuoso de las decisiones que tome el Poder Judicial.

               El asesinato de cuatro jóvenes en la región de Huejotzingo, tres de ellos estudiantes universitarios de la BUAP y de la UPAEP, dos colombianos y un mexicano, así como el chofer del UVE en que viajaban, ha sacudido a la opinión pública de la entidad, sobre todo a los jóvenes estudiantes, que ayer mismo tuvo lugar una manifestación conjunta, de más de 5 mil jóvenes estudiantes, que salieron a la calle para demandar justicia.

              Por fortuna, las autoridades de la Fiscalía General del Estado, anunciaron tener ya en su poder a tres sospechosos de haber participado en los hechos.

           Entre con mayor rapidez actúen las autoridades, entre mejor desempeñen su trabajo los cuerpos de seguridad y las fiscalías y los juzgados, mayor confianza tendrán los ciudadanos en las autoridades, y eso influirá en la disminución de la delincuencia, es decir, se abatirán los índices de inseguridad y violencia.

           La impunidad, ya lo hemos dicho, la propician la ineptitud o corrupción de quienes tienen a su cargo el castigo de los delincuentes. Por eso es tan necesario que los diputados tengan el mayor cuidado en elegir al próximo fiscal del estado. Ya lo hemos visto aquí en Puebla: un mal fiscal, propicia la corrupción, la inseguridad y el aumento de la criminalidad. Un buen fiscal, contribuye en mucho a terminar con esos flagelos.